El Fiscal General subrogante, Wilson Toainga, formuló cargos contra Augusto Verduga, Yadira Saltos, Nicole Bonifaz y Eduardo Franco Loor, por el presunto delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionado con tres a cinco años de prisión.
Según la Fiscalía, entre diciembre de 2024 e inicios de 2025, los procesados habrían utilizado su cargo para planificar y ejecutar estrategias ilícitas con el objetivo de tomar el control de la institucionalidad del Estado. Durante la audiencia de formulación de cargos, Toainga detalló que los exconsejeros habrían incurrido también en otros posibles delitos como tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas y usurpación de funciones públicas.
«Se identificó una estrategia para designar autoridades afines a un partido político, entre ellas la del Superintendente de Bancos, y para dilatar decisiones de la justicia electoral a fin de garantizarse impunidad y mantenerse en sus cargos», señaló el Fiscal.
Allanamientos y pruebas en la investigación
La investigación se inició tras una denuncia que llevó, el 24 de enero de 2025, a un allanamiento en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), donde se incautaron teléfonos celulares y documentación clave. La extracción de datos de estos dispositivos reveló conversaciones y estrategias presuntamente ilícitas para consolidar el control sobre instituciones del Estado.
Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía se incluyen:
- Chats obtenidos de los dispositivos móviles de uno de los procesados
- Informe de informática forense
- Versiones de los denunciantes
- Parte policial del allanamiento en el CPCCS
- Inspección ocular técnica y reconocimiento de objetos e indicios
- Documentación, como resoluciones y actas del Pleno del CPCCS
Medidas cautelares y proceso judicial
El juez de la causa dispuso para los cuatro procesados presentación periódica cada 15 días y prohibición de salida del país. Además, ordenó la retención de fondos por $5.640 para garantizar el pago de una posible multa.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, tiempo en el cual se continuará con la recopilación de pruebas y testimonios para sustentar el caso. Con esta acción, la Fiscalía busca demostrar la existencia de una estructura que habría operado desde el CPCCS para influir en las decisiones estatales mediante mecanismos ilegales.
Ministerio de Gobierno rechazó intento de desestabilización democrática por parte de la ‘liga azul’
En un comunicado oficial, el Ministerio de Gobierno denunció un intento de golpe de Estado denominado «Golpe de Estado Azul», atribuido a los miembros de la autodenominada «liga azul». Según la Fiscalía, este grupo habría intentado manipular la justicia y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con fines partidistas.
El Gobierno rechazó estas acciones y reafirmó su posición en contra de cualquier intento de perpetuación en el poder mediante mecanismos ilícitos.
